El centro poblado de Bellavista Callarú en Loreto amenaza con dejar de pertenecer a Perú tras otorgar un plazo de 30 días al Estado para atender demandas históricas de salud, educación e infraestructura básica en la zona de triple frontera con Brasil y Colombia, denunció el alcalde.
Desiderio Flores, alcalde del centro poblado Bellavista Callarú, presentó documento formal al gobierno regional de Loreto solicitando intervención urgente; tras esperar seis días sin conseguir audiencia con el gobernador regional René Chávez, la comunidad decidió establecer ultimátum mediante comunicación oficial institucional.
«Nosotros hemos dado un plazo de 30 días al Estado; hemos presentado documento a través del gobierno regional para que nos escuchen», declaró Flores durante entrevista radial el domingo 25 de enero de 2026, evidenciando frustración por abandono sistemático gubernamental en zona amazónica estratégica.
Desatención histórica en zona estratégica
La gestión para crear el distrito de Bellavista lleva más de cinco años sin respuesta; mientras Santa Rosa obtuvo categoría distrital, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería mantienen objeciones sin explicación documentada, bloqueando desarrollo administrativo de la comunidad indígena Ticuna con 8000 habitantes.
Ningún presidente, ministro o gobernador regional ha visitado Bellavista Callarú; el único funcionario que llegó fue el congresista cajamarquino Edwin Martínez en noviembre, evidenciando desinterés político nacional por zona amazónica fronteriza estratégica para soberanía nacional peruana.
La población depende económicamente de moneda brasileña (real) y colombiana; los residentes no utilizan soles peruanos en transacciones comerciales cotidianas, generando integración económica transfronteriza por ausencia estatal que debilita identidad nacional en territorio peruano limítrofe con países vecinos.
Crisis sanitaria y educativa crítica
La posta de salud nivel I-1 cuenta únicamente con dos técnicos sin médicos ni obstetras; las gestantes con complicaciones son derivadas a Santa Rosa o Brasil para atención de partos, exponiendo vidas maternas e infantiles por distancias prolongadas sin ambulancias fluviales.
«Acá tenemos una posta donde contamos solamente con dos técnicos; cuando las pobres madres están para dar a luz grave, las envían a Santa Rosa y de Santa Rosa a Brasil«, detalló Flores, cuestionando abandono sanitario que viola derechos constitucionales de poblaciones amazónicas vulnerables.
El único colegio con 10 aulas atiende más de 900 estudiantes de primaria y secundaria; los alumnos estudian en comedores, auditorios y comparten mobiliario inadecuado por hacinamiento educativo severo que impide aprendizaje digno para niños y adolescentes de comunidades indígenas fronterizas.
Obstáculos burocráticos y políticos
El gobernador René Chávez desconoce las necesidades de Bellavista Callarú; Flores confirmó que la máxima autoridad regional nunca visitó la zona ni respondió solicitudes de reunión durante seis días consecutivos de espera en Iquitos, evidenciando indiferencia administrativa hacia poblaciones amazónicas alejadas.
La Cancillería mantiene objeciones no documentadas sobre creación distrital; las autoridades centrales exigen esperas indefinidas sin justificación técnica ni legal, violando derechos de comunidades indígenas Ticuna reconocidos constitucionalmente para autogobierno y desarrollo territorial autónomo conforme legislación nacional vigente.
Una madre en situación de extrema pobreza solicitó ayuda alimentaria; Flores recaudó 500 reales brasileños mediante cooperación local, equivalente a monto inferior a 500 soles peruanos, demostrando precariedad económica y dependencia de solidaridad comunitaria ante ausencia de programas sociales estatales.
Comparación con zonas fronterizas vecinas
Santa Rosa obtuvo categoría distrital mientras Bellavista permanece como centro poblado sin autonomía administrativa; esta disparidad genera inequidad en distribución presupuestal para inversión pública, dejando a 8000 habitantes sin recursos del canon ni transferencias municipales directas.
La ausencia de presencia estatal contrasta con atención que Brasil y Colombia brindan a sus poblaciones fronterizas; los residentes peruanos prefieren servicios de salud y comercio en países vecinos por mejor infraestructura, generando riesgo de pérdida gradual de identidad nacional en generaciones jóvenes.
El ultimátum de 30 días podría derivar en decisiones políticas radicales si autoridades mantienen indiferencia; la comunidad evalúa opciones que incluyen peticiones de anexión territorial a países vecinos o declaraciones de autonomía, precedentes sin antecedentes históricos en zonas fronterizas amazónicas peruanas contemporáneas.