Las cifras de homicidios presentadas por el presidente enfrentan cuestionamientos metodológicos de expertos en seguridad; la tasa alcanzó 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 frente a 10,1 del año anterior, según datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad divulgados el jueves pasado.
El general retirado Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, exministro del Interior con 35 años en la Policía Nacional, y los abogados penalistas Marcos Iván Galván Ramos y Ángel Gaspar Chirinos cuestionaron la ausencia de documento técnico que respalde metodología, criterios homologados y auditoría independiente de información presentada.
«Los datos presentados han sido apresurados, no obedecen a un criterio técnico definido, establecido, homologado; no señalan la metodología que debe respaldarla, por lo tanto no es auditable y los datos no son definitivos», declaró Aliaga Lodtmann durante análisis del informe gubernamental sobre criminalidad nacional.
Evolución histórica de la violencia
La tasa de homicidios en Perú fluctuaba históricamente entre 4 y 7 por cada 100.000 habitantes hasta 2023; el incremento a dos dígitos ocurrió en 2024 con 10,1 y se agravó en 2025 con 10,7, superando niveles considerados graves según estándares internacionales de seguridad.
Las denuncias por extorsión aumentaron de 22.361 en 2024 a 26.585 en 2025, representando incremento de 18,9 % según base de datos policial; esta cifra contradice declaraciones oficiales sobre reducción de criminalidad violenta durante estados de emergencia implementados en múltiples regiones del país.
El último informe oficial del SEIC data de 2021 con tasa de 8,6 homicidios por 100.000 habitantes; durante 2022 y 2023 no se calcularon cifras por falta de coordinación interinstitucional entre Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario para compartir bases de datos.
Procedimientos y limitaciones técnicas
El Instituto Nacional de Estadística aplicará dos procesos pendientes: visita a 400 comisarías de 1.500 existentes para verificar concordancia entre denuncias físicas y registros digitales, además de inspección en morgues nacionales para cruzar información sobre muertes violentas durante febrero y marzo de 2026.
«La cifra del 2025 está en un intervalo de confianza de más menos 5 décimas; puede variar de 10,2 a 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta consolidar datos definitivos tras visitas a comisarías y morgues», explicó Gaspar Morán Flores, jefe del INE con 46 años de carrera institucional.
El SEIC no publicó documento técnico metodológico como hiciera en informes de 2012 a 2021; solo distribuyó presentación de 15 láminas sin posibilidad de acceder a bases de datos, variables utilizadas o criterios de depuración aplicados durante procesamiento de información interinstitucional sobre criminalidad violenta nacional.
Críticas a gestión de seguridad
Marcos Iván Galván Ramos advirtió que está primando ansiedad política sobre rigor académico; los informes previos del SEIC requerían 8 meses de procesamiento con documentos técnicos completos, mientras esta presentación carece de transparencia metodológica necesaria para validar conclusiones sobre reducción o incremento de delitos violentos a nivel nacional.
«Toda la acción realizada por el Estado no ha tenido esa efectividad esperada; frente a tantos recursos destinados, tanto elemento humano incluyendo fuerzas armadas, los resultados debieran haber sido mayores», cuestionó Aliaga Lodtmann sobre inversión pública en seguridad durante 2024 y 2025 sin resultados proporcionales evidentes.
Ángel Gaspar Chirinos señaló que reducción de denuncias de extorsión no implica disminución de incidencia delictiva; la afirmación gubernamental carece de sustento técnico porque desconoce fenómeno de cifra negra, casos no denunciados por temor, desconfianza institucional o amenazas directas contra víctimas y familiares de extorsionados.
Regiones más afectadas por violencia
Cinco regiones superan 20 homicidios por cada 100.000 habitantes: Tumbes en zona fronteriza, Callao con actividad portuaria, La Libertad, Puno y Madre de Dios; todas vinculadas directa o indirectamente con minería ilegal, tráfico de tierras y economías informales que alimentan organizaciones criminales violentas.
La ausencia de criterios territoriales desagregados impide comprender dinámicas locales de criminalidad; expertos critican que enfoque nacional oculta problemáticas específicas como penetración de extorsión en institucionalidad local, casos de cogobierno criminal documentados en distritos como La Victoria donde autoridades coordinan con extorsionadores conocidos.
El Instituto Nacional de Estadística entregará cifras definitivas del censo nacional en abril de 2026 tras consistenciar datos; Gaspar Morán confirmó que población supera 34 millones de habitantes tras eliminar duplicidades de personas censadas en múltiples viviendas ubicadas en chakras, distritos y capitales departamentales simultáneamente.