La extradición de Eric Moreno Chacaliaza, alias «El Monstruo», desde Paraguay hacia Perú el próximo 28 de enero enfrenta restricciones legales internacionales que impedirían aplicar cadena perpetua, confirmaron especialistas en derecho penal tras analizar el tratado bilateral vigente entre ambas naciones.
El presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte será juzgado exclusivamente por extorsión, secuestro, robo agravado y organización criminal, delitos especificados en la solicitud oficial de extradición aprobada por la Corte Suprema paraguaya y el poder ejecutivo de ese país sudamericano.
El principio de reciprocidad internacional establece que Perú no puede imponer penas superiores a las contempladas en la legislación paraguaya; dado que Paraguay carece de cadena perpetua para extorsión y sicariato, la condena máxima aplicable quedaría limitada a penas temporales inferiores a 35 años peruanos.
«La extradición es básicamente un favor que uno le pide a otro estado de porcidad y le dice, tráemelo a él que quiero juzgarlo acá», declaró Vladimir Padilla, abogado penalista especializado en extradición durante entrevista, advirtiendo sobre ventajas procesales que obtienen los criminales extraditados desde el extranjero.
Al arribar a territorio peruano, Moreno será puesto inmediatamente a disposición de un juez de investigación preparatoria quien ordenará su internamiento preventivo; posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario evaluará y determinará el establecimiento penitenciario donde cumplirá detención mientras avanza el proceso judicial completo.
Antecedentes y condenas previas pendientes
Moreno ya posee una condena previa de 32 años de prisión en Perú por secuestro y hurto que deberá comenzar a cumplir inmediatamente; además, enfrenta otros procesos judiciales pendientes por homicidio y sicariato que requieren investigación complementaria según expedientes fiscales vigentes.
La organización criminal Los Injertos del Cono Norte operaba mediante cobro de cupos a empresas de transporte en el norte limeño; el caso más emblemático vincula a Moreno con el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar ocurrido en mayo de 2024, delito central en la solicitud de extradición.
Las investigaciones fiscales documentan que la banda criminal desarrolló actividades de extorsión sistemática, sicariato selectivo y secuestros extorsivos desde 2022; las víctimas principales fueron empresarios del sector transporte y comerciantes establecidos en los distritos del Cono Norte de Lima Metropolitana.
Restricciones del marco jurídico internacional
El límite en delitos juzgables constituye la segunda restricción crítica: cualquier delito adicional descubierto después de su llegada requeriría iniciar completamente una nueva solicitud de extradición ante autoridades paraguayas, proceso que demora entre ocho meses y dos años según precedentes regionales.
«Gana bastante porque solamente lo podemos procesar por los delitos que se haya pedido y por la pena máxima que existe en Uruguay», explicó Padilla, corrigiendo posteriormente al referirse específicamente a Paraguay como país extraditante; esta confusión inicial evidencia complejidad de procedimientos internacionales vigentes.
Los sistemas penales latinoamericanos establecen penas temporales hasta 35 años en Perú y cadena perpetua para delitos graves, pero Paraguay limita condenas máximas a rangos inferiores sin cadena perpetua; esta disparidad normativa genera vacíos que benefician estratégicamente a criminales transnacionales calculadores.
Comparación con alternativas procesales
La expulsión territorial hubiera permitido a Perú juzgar a Moreno por todos los delitos sin restricciones de pena; sin embargo, Paraguay rechazó esta alternativa administrativa privilegiando el procedimiento formal de extradición que otorga mayores garantías procesales al extraditado según tratados internacionales de derechos humanos.
El proceso de extradición requiere doble aprobación: visto bueno de la Corte Suprema del país extraditante y decisión final del poder ejecutivo, creando un carácter mixto que prolonga trámites con costos adicionales de traducción, legalización de documentos y validación de pruebas entre sistemas jurídicos diferentes.
Mientras dura el trámite de extradición, los solicitados pueden permanecer libres en algunos casos; precedentes como el del empresario Inostroza demuestran que este periodo puede extenderse meses, permitiendo a los investigados planificar defensas jurídicas especializadas con abogados internacionales experimentados.
«Las extradiciones no son personas que favorecen el proceso, sino en cierta medida también lo entorpecen», concluyó Padilla, señalando que la justicia enfrenta obstáculos estructurales diseñados para proteger derechos internacionales sobre eficiencia punitiva nacional en casos transnacionales complejos.
Desafíos y proyecciones del caso
El general Arriola expresó expectativa de lograr cadena perpetua durante el anuncio oficial; sin embargo, expertos jurídicos advierten que esta aspiración choca frontalmente con limitaciones del tratado bilateral, generando posible frustración ciudadana ante sentencias percibidas como insuficientes para crímenes graves.
La Fiscalía peruana deberá concentrar esfuerzos probatorios exclusivamente en los cuatro delitos aprobados en la extradición; cualquier evidencia de homicidios o sicariatos adicionales requeriría nuevos pedidos formales a Paraguay, multiplicando tiempos procesales y costos operativos del sistema de justicia nacional.
El caso Moreno establece precedente sobre límites efectivos de la cooperación judicial internacional; su llegada representa victoria simbólica policial, pero el resultado final dependerá de restricciones legales que podrían resultar en condenas menores a las esperadas por víctimas y opinión pública nacional.