La abogada Cecilia Ruiz denunció consorcios irregulares en licitaciones estatales, donde empresas consolidadas se asocian con firmas sin experiencia pero con exfuncionarios. Este mecanismo facilita el acceso a contratos millonarios sin garantizar capacidad técnica.
Ruiz identificó a Provías Nacional y Provías Descentralizado como las entidades más involucradas, ambas dependientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los mismos contratos cuestionables se repiten con empresas sin trayectoria comprobada.
El análisis revela que la ventaja no es técnica sino relacional, ya que exfuncionarios aprovechan información privilegiada para beneficiar a sus nuevas empresas, afectando la transparencia y distorsionando la competencia en licitaciones públicas.
«Lo que les permitiría acceder más fácilmente a licitaciones» — Cecilia Ruiz, abogada especialista.
Las «puertas giratorias»: Un círculo vicioso en contratos estatales
El término «puertas giratorias» describe el movimiento de funcionarios hacia empresas privadas, donde usan contactos y datos internos para obtener contratos. Ruiz advirtió que esto crea un sistema de privilegios injusto.
Aunque Perú cuenta con constructoras de primer nivel, empresas sin experiencia ganan licitaciones mediante estos consorcios. El sistema favorece a quienes dominan los procesos burocráticos en lugar de la capacidad técnica.
Provías Nacional y Provías Descentralizado aparecen recurrentemente en casos de irregularidades. Siempre son las mismas entidades vinculadas a estos esquemas, lo que evidencia fallas estructurales en los procesos de adjudicación.
Ruiz cuestionó por qué empresas consolidadas buscan socios sin trayectoria. La respuesta está en el acceso a información privilegiada, ya que exfuncionarios mantienen contactos clave dentro de las entidades públicas.
«Hoy estoy por acá ante el Estado, trabajo para el Estado, luego me salgo» — Cecilia Ruiz.
Límites legales: Entre el lobby regulado y la corrupción
Ruiz aclaró que el lobby es legal cuando es transparente y regulado, pero el problema surge al usar información privilegiada obtenida durante el cargo público.
La especialista enfatizó que usar datos confidenciales es ilegal, pues perjudica la competencia leal y a firmas con capacidad real.
«Eso sí, evidentemente estamos ante figuras ilegales» — Cecilia Ruiz.
El Estado debe asegurar procesos transparentes y equitativos, ya que sin fiscalización adecuada las licitaciones favorecen a quienes tienen conexiones. La transparencia es clave para recuperar la confianza ciudadana.
Ruiz concluyó que la trazabilidad es fundamental, pues sin controles efectivos el sistema beneficia a empresas sin méritos. Las licitaciones deben basarse en capacidad técnica, no en conexiones políticas.