El gobernador regional de Ancash y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, Joaquín Noriega Brito, reveló que Dina Boluarte ejerció represalias contra las regiones cuyos gobernadores no la respaldaban. En una entrevista con Fernando Carvallo, Noriega denunció que la expresidenta ordenaba a la secretaría de la PCM no atender a tales regiones porque no estaban en línea con ella. El testimonio expuso prácticas de favoritismo y discriminación durante los casi tres años de gestión de Boluarte hasta su vacancia.
Noriega explicó que hasta 16 gobernadores estuvieron conectados vía Zoom durante la sesión parlamentaria que vacó a Boluarte. La Asamblea respaldó la decisión del Congreso y respetó el marco constitucional de la sucesión presidencial. Los gobernadores mantuvieron «unidad y decisiones muy institucionales» durante el proceso, según el mandatario regional. El dirigente instó a José Jerí a convocar inmediatamente a los 25 gobernadores para tratar la Agenda Perú.
Noriega reconoció que varios gobernadores cambiaron de opinión sobre la vacancia presidencial tras brindar estabilidad inicial al gobierno. «Muchos gobernadores pusieron el hombro por el Perú en su momento hasta desprestigiados en sus regiones», admitió. La responsabilidad directa recae en el Congreso, que en 2023 rechazó adelantar elecciones pese a la advertencia del entonces gobernador de Arequipa. La inestabilidad resultó «agonizante» según el testimonio del líder regional.
Puno, Cusco y Ayacucho mantuvieron distancia con Boluarte
El gobernador identificó tres grupos de mandatarios regionales en su relación con Boluarte durante su gestión. Algunos cercanos apoyaron desde el inicio pensando en gobernanza y gobernabilidad, mientras otros nunca se acercaron a Palacio. Puno nunca ingresó a Palacio tras los eventos del 7 de diciembre y 9 de enero de 2023, que dejaron secuelas sociales profundas. La falta de legitimidad impidió que varios gobernadores respaldaran públicamente a la mandataria vacada.
Noriega describió el odio que percibía en Boluarte hacia quienes no la apoyaban cuando asumió la presidencia de la Asamblea. «Cerraba las puertas desde el PCM a los que no estaban al lado», denunció. La expresidenta comunicaba a la secretaría de PCM instrucciones específicas para no atender determinadas regiones. El testimonio revela un patrón sistemático de discriminación política contra autoridades regionales electas democráticamente.
El caso más emblemático de represalias involucra la destitución del general Loreño en Ancash tras reunirse con gobernadores regionales. «Al día siguiente lo sacó al general por haberse reunido con usted», relató Noriega sobre la conversación con el oficial. El militar confirmó textualmente al gobernador el motivo de su remoción: haber participado en una reunión para reclamar políticas públicas de seguridad ciudadana. La acción fragmentó al Perú y evidenció intolerancia ante críticas constructivas.
Boluarte nunca pudo ingresar a capital de Ancash
La expresidenta intentó tres o cuatro veces llegar a Huaraz durante su gestión sin éxito alguno. Las inauguraciones programadas con el COER y ANIN se frustraron porque «sabía de que ahí definitivamente no era bien visto». Las comunidades se organizaban en cada lugar que iba para manifestar su rechazo. En Loreto, más de 100 personas se apostaron en un evento del CERO para rechazar su presencia.
Noriega alcanzó 98% de desaprobación a nivel nacional, según mencionó el gobernador sobre cifras estadísticas de la gestión de Boluarte. La confrontación en los discursos presidenciales y la división entre gobernadores marcaron el periodo. El favoritismo se evidenció con tratos cercanos hacia regiones que siempre apoyaron a la mandataria. César Acuña de La Libertad y Oscorima de Ayacucho mantuvieron respaldo hasta la víspera de la vacancia.
El país enfrenta 2000 obras públicas paralizadas entre puentes, carreteras, escuelas, comisarías, hospitales y proyectos de irrigación. En Ancash, Chinecas produce en 30.000 hectáreas pero restan 70.000 por desarrollar. La Autoridad Nacional de Infraestructura fue politizada tras funcionar como la institución número uno en capacidad de gasto. ANIN inauguró obras en Piura, Ancash, Matucán y otros departamentos antes de los intentos de intervención política.
Ministro Arévalo salió por aconsejar no aumentar salario presidencial
El anterior ministro de Economía, José Arévalo Salardi, fue destituido tras recomendar a Boluarte no aumentarse el salario a 36.000 soles mensuales. «Le aconsejó que la presidenta no se suba los sueldos, no se suba el propio salario», reveló Noriega sobre información de fuentes cercanas. Salardi propuso que el aumento rigiera para el siguiente presidente, no para Boluarte. La expresidenta lo percibió como enemigo y lo despidió tras filtrarse la conversación a la prensa.
ANIN administra casi 5.000 millones de soles y realiza contrataciones internacionales con procesos rápidos transparentes mediante invitaciones. El MEF ahogó presupuestalmente a la institución para generar incertidumbre según el testimonio regional. Tres intentos de desplazar al director ejecutivo fracasaron pese a la presión política. El actual director ganó el cargo por concurso público conforme a la ley de creación de ANIN.
Noriega concluyó instando a Jerí a mantener humildad y no dejarse nublar por aplausos y cercanías interesadas. «Que se no lo suba a los egos, que la humildad mantenga y que tenga los pies bien puestos sobre la tierra», advirtió el gobernador. A los 40 años, ambos enfrentan el riesgo de personas que se acercarán aplaudiendo desde diferentes lugares. El mandatario regional expresó su deseo de éxito para el nuevo presidente hasta julio próximo por encarnar la nación peruana.