Toda relación sexual con menores de 14 años es delito en Perú, advirtió la abogada de familia Lorena Fernández, en RPP, señalando que el consentimiento no exime de responsabilidad penal al adulto involucrado.
En el rango de 14 a 17 años, la relación puede ser delito dependiendo de la asimetría de poder entre las partes, la diferencia de edad y si existe una relación de dependencia o tutoría.
«Un adolescente todavía no tiene su proceso cerebral totalmente listo para elegir», afirmó Fernández, añadiendo que el adulto ejerce superioridad emocional absoluta, lo que constituye, en la práctica, un abuso de poder.
Casos reales, consentimiento familiar y aprovechamiento económico
La legislación peruana ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, pues los códigos anteriores permitían matrimonios con menores, una práctica que aún persiste en algunas zonas de la sierra y la selva del país como costumbre.
Un factor adicional es el aprovechamiento económico de familias que consienten relaciones de sus hijas menores con adultos adinerados, situación difícil de probar judicialmente porque los propios familiares evitan denunciar para no perder beneficios materiales.
Fernández relató el caso de un joven de 17 años y una profesora de inglés de 21, donde la madre denunció pero la fiscalía archivó el proceso porque el menor reiteraba su consentimiento en todas las declaraciones.
Penas, prescripción y protección legal
Las penas para relaciones con menores de 14 años llegan hasta 12 años de prisión, y con agravantes como indefensión o embriaguez, las fiscalías han llegado a solicitar cadena perpetua en procesos judiciales peruanos.
«El delito de violación tiene persecución en el tiempo», precisó Fernández, lo que significa que víctimas adultas pueden denunciar agresiones sufridas en la infancia o adolescencia, aunque la distancia temporal dificulte la probanza de los hechos.
La abogada enfatizó que la romantización cultural de relaciones entre adultos y adolescentes normaliza vínculos donde el menor no está emocionalmente preparado, perpetuando una aceptación social que la legislación peruana busca erradicar.
